sábado, 22 de agosto de 2026

LAS MENTIRAS DE LA LOGIA MASONICA FEMENINA DE CHILE PARA FAVORECER EL ASESINATO DE NIÑOS

LAS MENTIRAS DE LA LOGIA MASONICA FEMENINA DE CHILE PARA FAVORECER EL ASESINATO DE NIÑOS

La Gran Logia Femenina de Chile ha decidido intervenir en el debate sobre el proyecto de ley «Escucha su Corazón». Está en su derecho de hacerlo. Lo que no corresponde es presentar mentiras ante la opinión pública para atacar un proyecto legislativo que no coincide con lo que efectivamente dice su articulado.

El comunicado sostiene que la iniciativa pretende «obligar al personal médico a hacer escuchar el latido fetal antes de un aborto legal». Esa afirmación omite una diferencia decisiva: el proyecto no dice que la mujer esté obligada a escuchar. Dice que el médico está obligado a ofrecerle la posibilidad de hacerlo.


El artículo propuesto dispone que, cuando resulte detectable la actividad cardíaca del embrión o feto, el médico deberá «ofrecerle, de manera verbal y directa, la oportunidad de escuchar los latidos». Y acto seguido establece expresamente: «La madre del nonato podrá declinar libremente este ofrecimiento». Por tanto, la logia al convertir jurídicamente el deber del médico de ofrecer información en una obligación de la mujer de escucharla altera deliberadamente el contenido literal de la iniciativa con el objeto de engañar a los ciudadanos.

Y esa alteración resulta especialmente llamativa porque la Gran Logia engaña a la gente presentando su oposición precisamente como una defensa de la autonomía femenina. ¿En qué consiste la autonomía si una mujer no puede siquiera recibir el ofrecimiento de conocer un dato biológico sobre su propio embarazo?


La mujer puede escuchar. Puede no escuchar. Puede aceptar. Puede rechazar. Precisamente eso significa decidir.

El argumento masónico introduce además otra mentira deliberada. Afirma que proporcionar esta información supone presumir una «superioridad moral» del legislador sobre la mujer. Pero podría formularse exactamente la pregunta contraria: ¿quién decide qué información puede soportar conocer una mujer antes de abortar? Si escuchar la actividad cardíaca careciera completamente de importancia para su decisión, no habría motivo para combatir con semejante intensidad el ofrecimiento.

Y aquí aparece el verdadero núcleo político del asunto.

El sonido puede tener consecuencias sobre la decisión porque transforma los argumentos y frases inventadas por los militantes de la ideología de género —«interrupción del embarazo», «procedimiento», «prestación médica»— en una experiencia inmediata. No obliga jurídicamente a adoptar una determinada conclusión moral, pero puede aportar a la mujer un elemento que considere relevante antes de decidir.

Por eso resulta contradictorio invocar el «discernimiento ético de las mujeres» mientras simultáneamente se combate que reciban una información que podría intervenir precisamente en ese discernimiento. La masonería se opone al derecho de la mujer a decidir. La paradoja es evidente: mientras invoca el derecho de la mujer a decidir, la Gran Logia combate que llegue a esa decisión después de que se le ofrezca conocer una información que podría modificarla.


Aquí se encuentra el verdadero punto jurídico que la Gran Logia elude. El proyecto parte de que no existe decisión plenamente informada sin conocimiento suficiente de aquello sobre lo cual se decide. La mujer puede declinar escuchar los latidos, pero el proyecto vincula esa negativa con la posibilidad de practicar posteriormente el aborto. Puede discutirse jurídicamente si el legislador está facultado para convertir ese conocimiento en condición del consentimiento informado; lo que no puede hacerse es sustituir ese debate por la afirmación de que el proyecto simplemente “obliga a escuchar”. No dice eso. La cuestión real es mucho más profunda: ¿puede considerarse plenamente informada una decisión cuando deliberadamente se rechaza conocer un dato que el legislador considera esencial para comprender la realidad biológica sobre la cual se está decidiendo?

Pero precisamente esa objeción demuestra algo importante: no hace falta tergiversar el proyecto para criticarlo. Existe una disposición concreta que merece discusión jurídica. La Gran Logia podía haber centrado allí su cuestionamiento.

En cambio, su comunicado va mucho más lejos y califica el ofrecimiento de escuchar la actividad cardíaca como «violencia institucional», «revictimización» e incluso una conducta que «colinda con el trato degradante». Para la masonería resulta degradante que una madre escuche a su bebé.


Ese salto merece una pregunta elemental: ¿desde cuándo proporcionar a una mujer la posibilidad de conocer un hecho biológico de su propio embarazo constituye por sí mismo violencia contra ella?

El proyecto no elimina las tres causales de aborto existentes en Chile. No incorpora una cuarta causal. No modifica las situaciones que permiten acceder legalmente a la interrupción del embarazo. Su objeto declarado consiste en introducir información sobre la actividad cardíaca dentro del consentimiento informado previo. La controversia verdadera, entonces, no es solamente sobre el aborto. Es también sobre qué puede conocer una mujer antes de abortar.

La Gran Logia Femenina engaña a los ciudadanos cuando afirma defender la capacidad de discernimiento de las madres. Pero evita mencionar la verdad de que una capacidad de discernimiento auténticamente respetada supone permitir que la persona conozca información y adopte posteriormente su propia decisión.

Resulta difícil sostener simultáneamente dos proposiciones: que la mujer posee plena capacidad moral para decidir sobre la continuidad de un embarazo y que debe ser protegida del posible efecto psicológico que podría producirle escuchar la actividad cardíaca del niño que gesta en su embarazo.

Si posee capacidad para decidir, posee también capacidad para conocer. La discusión sobre «Escucha su Corazón» deja así al descubierto una contradicción mucho más profunda. Bajo el lenguaje falsario masónico de autonomía, libertad y consentimiento aparece una disputa acerca de qué información debe llegar a la conciencia de la mujer antes de una decisión irreversible.


Quienes defienden el aborto pueden sostener sus argumentos. Quienes defienden la vida desde la concepción pueden sostener los suyos. Pero ninguno debería necesitar alterar las palabras de un proyecto de ley para ganar el debate. Y cuando una organización luciferina que se proclama defensora del librepensamiento teme que una mujer escuche, conozca y después decida, la pregunta inevitable es:

¿Se busca liberar a la mujer de la coacción, o liberar su decisión de toda información capaz de hacerla cambiar de opinión?


https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=18659&prmTIPO=INICIATIVA

https://edicioncero.cl/2026/08/masoneria-femenina-opina-sobre-proyecto-escucha-su-corazon-iniciativa-no-respeta-la-capacidad-de-discernimiento-etico-de-las-mujeres/


domingo, 9 de agosto de 2026

IDEOLOGÍA DE GÉNERO: LA BATALLA CULTURAL SE TRASLADA A LAS ESCUELAS, LOS TRIBUNALES Y LOS GOBIERNOS

IDEOLOGÍA DE GÉNERO: LA BATALLA CULTURAL SE TRASLADA A LAS ESCUELAS, LOS TRIBUNALES Y LOS GOBIERNOS

La controversia internacional en torno a la denominada ideología de género ha producido durante las últimas semanas una sucesión de acontecimientos concretos en Estados Unidos, Argentina, México, el Caribe y Perú. Ya no se trata solamente de discusiones académicas sobre sexo, género o identidad: gobiernos, tribunales, autoridades educativas, iglesias y organizaciones civiles están tomando decisiones que trasladan la disputa al terreno institucional.


 

ESTADOS UNIDOS: EL GOBIERNO FEDERAL ABRE UNA INVESTIGACIÓN POR LAS “MYGENDER DOLLS”. El 29 de julio de 2026, el Departamento de Educación de Estados Unidos anunció oficialmente una investigación contra el Departamento de Educación de Minnesota a raíz de una denuncia presentada por padres a través de la organización Defending Education. El objeto de la investigación es determinar si se vulneró la Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA), legislación federal que reconoce determinados derechos de información, revisión y exclusión voluntaria de los padres respecto de encuestas, evaluaciones y actividades escolares relacionadas con materias sensibles. El Departamento federal advirtió expresamente que las infracciones a la PPRA pueden llegar a provocar la pérdida de financiación federal.

El origen de la controversia son las denominadas MyGender Dolls, desarrolladas a partir de investigaciones realizadas en el Institute for Sexual and Gender Health de la Universidad de Minnesota. El propio sitio del proyecto las define como una herramienta de “juego terapéutico” destinada a niños “trans y de género diverso” de 4 a 10 años y anuncia su lanzamiento durante 2026 para profesionales clínicos y educadores. Entre sus destinatarios enumera profesionales de salud mental, consejeros escolares, educadores, pediatras y otros profesionales sanitarios.

MyGender Dolls es un proyecto de muñecos terapéuticos personalizables desarrollado por investigadores vinculados al Institute for Sexual and Gender Health (ISGH) de la University of Minnesota Medical School. Está pensado principalmente para profesionales que trabajan con niños de 4 a 10 años a quienes los fanáticos de la ideología de género les asignan la identificación de trans o de género diverso. Lo particular —y lo que ha generado la polémica— es que los muñecos están diseñados con componentes corporales y genitales intercambiables, de manera que el profesional y el niño puedan configurar diferentes combinaciones de apariencia corporal, genitales, cabello, ropa, etc. El proyecto los presenta como una herramienta de juego terapéutico para que los menores puedan representar cómo perciben su cuerpo o identidad.

El antecedente institucional está documentado. El informe anual 2024 del instituto de la Universidad de Minnesota describía MyGender Dolls como un conjunto de herramientas terapéuticas para que terapeutas licenciados trabajaran con pacientes menores y sus padres o cuidadores, especialmente con niños que tenían dificultades para expresarse. El instituto señaló además que su investigación y desarrollo había recibido apoyo mediante subvenciones y donaciones.

Ante el escándalo, el Departamento de Educación de Minnesota negó que el proyecto fuera suyo y afirmó que no serían implantadas en las escuelas públicas K-12 de Minnesota. Los investigadores indicaron asimismo que estaban destinadas al uso terapéutico por profesionales licenciados. Lo comprobado es la existencia del proyecto, su orientación a niños desde los cuatro años, su vinculación originaria con la Universidad de Minnesota y la apertura de una investigación federal; no está comprobada una implantación general en las aulas estatales.


 

OREGÓN: UNA DISPUTA JUDICIAL POR LOS LIBROS HE IS HE Y SHE IS SHE. Otro frente estadounidense involucra al trabajador educativo Roderick Theis y al InterMountain Education Service District de Oregón. Theis colocó en su oficina los libros infantiles He Is He y She Is She, escritos por Ryan y Bethany Bomberger, junto con Johnny the Walrus, de Matt Walsh. Según los antecedentes judiciales, los libros de los Bomberger fueron colocados en octubre de 2024 y Theis no los utilizaba como material de enseñanza: permanecían como decoración en su oficina.

Los libros están expresamente concebidos como una defensa de la concepción binaria del sexo en contraposición los fanáticos de la ideología de género que argumentan ridículamente la inexistencia del dimorfismo sexual entre varones y mujeres. She Is She está dirigido principalmente a niños de 2 a 8 años y expone la verdad por la cual se presenta la condición femenina como una realidad por el hecho de ser biológica; He Is He utiliza el mismo planteamiento respecto de los varones. Los autores pertenecen a Radiance Foundation, organización cristiana provida fundada por Ryan y Bethany Bomberger.

El distrito educativo ordenó retirar los libros y Theis llevó el asunto a los tribunales alegando vulneración de su libertad de expresión y religiosa. El caso continuó judicializándose y llegó al Noveno Circuito federal. Es decir, la controversia sobre sexo e identidad de personas que se auto perciben con un sexo que no es el suyo verdadero, ha terminado convertida también en una controversia constitucional sobre hasta dónde puede una institución educativa restringir determinadas expresiones de sus trabajadores.


 

ARGENTINA: CLARA MUZZIO PIDE REVISAR LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. Clara Muzzio, vicejefa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Legislatura porteña, abrió otra controversia al cuestionar públicamente contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI). Muzzio expuso la verdad por la cual únicamente que existen solamente dos sexos, masculino y femenino, y sostuvo que parte de la ESI había incorporado contenidos ideológicos que deberían revisarse. Tras esas declaraciones denunció haber recibido insultos e incluso mensajes deseando la muerte de ella y de miembros de su familia por parte de los fanáticos violentistas que promueven la ideología de género.

Muzzio fue todavía más específica al referirse a determinadas políticas públicas: celebró la eliminación de tratamientos hormonales de castración química contra menores dispuesta por el Gobierno nacional y recordó que el Gobierno de Buenos Aires había terminado en 2025 con un mecanismo que, según explicó, permitía a mayores de 16 años consignar datos falsos sobre su sexo en determinados documentos sin autorización familiar. Su intervención demuestra que el debate argentino está desplazándose desde el activismo hacia cuestiones concretas de educación, castración química disfrazada como tratamientos médicos de menores y falsedad sobre el sexo en la documentación pública.


 

MÉXICO: CIENTOS DE EVANGÉLICOS MARCHAN CONTRA LA REFORMA DE IDENTIDAD DE GÉNERO EN CHIAPAS. El 25 de julio de 2026, cientos de integrantes de iglesias evangélicas participaron en Tuxtla Gutiérrez en la denominada Gran Marcha Ciudadana por los Valores en Chiapas. Los manifestantes exigieron la abrogación de reformas recientemente aprobadas al Código Civil del estado que permiten modificaciones legales relacionadas con la castración química disfrazada  como identidad y género, y manifestaron asimismo su rechazo al reconocimiento jurídico de las mal denominadas infancias trans, puesto que en la realidad no existen niños con problemas de identidad sexual.

El dato relevante es que aquí tampoco estamos ante una discusión abstracta: existe una reforma del Código Civil, una movilización organizada para derogarla y una controversia específica sobre el reconocimiento jurídico de la identidad de género, especialmente cuando involucra a menores que erróneamente se auto perciben con un sexo que no es el suyo en la realidad.

 


CARIBE: LOS OBISPOS PUBLICAN UNA CARTA PASTORAL SOBRE IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO. La Conferencia Episcopal de las Antillas, que agrupa a los obispos católicos de 19 diócesis y dos misiones independientes del Caribe, publicó el 26 de julio de 2026 una Pastoral Letter on Sexual and Gender Identity. El documento forma parte de un trabajo que la propia Conferencia venía desarrollando sobre familia, teoría de género, identidad sexual y educación sexual.

No es una intervención aislada. Ya en una conferencia regional de 2023, la Comisión de Familia y Vida de los obispos antillanos había incluido entre sus materias de trabajo “Gender Theory and Ideology”, “Sexual Identity, Orientation and Morality” y “Sex Education in Schools”. La publicación de 2026 convierte aquella discusión interna en un documento pastoral destinado a orientar a las comunidades católicas de la región.


 

EL OTRO EXTREMO DEL DEBATE: LA OPOSICIÓN A LAS POLÍTICAS TRANS ES PRESENTADA COMO UNA AMENAZA “POTENCIALMENTE GENOCIDA”. En el campo contrario, la filósofa Judith Butler ha recurrido a una formulación particularmente grave. En una entrevista reproducida recientemente se refirió a una declaración del Lemkin Institute según la cual determinados ataques contra los derechos y el reconocimiento jurídico de las personas trans (personas con un errónea autopercepción de su sexo) apuntarían hacia un proyecto “potencialmente genocida”. Ante el ridículo de su denuncia catastrofista, Butler precisó que esto no equivale a afirmar que actualmente exista un genocidio contra las personas trans, sino a advertir sobre un proceso de eliminación de su reconocimiento jurídico y público.

La expresión muestra hasta qué punto se ha endurecido el lenguaje de esta batalla cultural. Aparecen gobiernos, iglesias, padres y organizaciones que reivindican el sexo como criterio objetivo, cuestionan castraciones químicas disfrazadas de tratamientos médicos en menores o reclaman revisar contenidos escolares por incluir mentiras de origen ideológico.


Los hechos de estas semanas muestran, por tanto, un fenómeno internacional concreto: la discusión sobre sexo e identidad de género ha abandonado definitivamente el ámbito exclusivamente académico. En Minnesota provoca una investigación federal; en Oregón ha llegado a los tribunales; en Argentina enfrenta a una alta funcionaria con los defensores de la ESI; y en Chiapas moviliza a cientos de ciudadanos contra una reforma del Código Civil; en el Caribe produce documentos episcopales destinados a escuelas, parroquias y familias. La disputa central ya no consiste solamente en qué significan las palabras sexo y género, sino en quién fija esas definiciones y qué consecuencias tendrán en la educación de menores, la medicina, los documentos públicos, la libertad de expresión y las políticas del Estado.