PARAGUAY: MÁS DE 50.000 CIUDADANOS RESPALDAN PROYECTO DE LEY CONTRA LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN MENORES

Observatorio Pro Vida | Internacional | 1 de noviembre de 2026

Una iniciativa popular impulsada por organizaciones de padres de familia propone sancionar penalmente la difusión de contenidos dirigidos a menores que interfieran en la formación de su identidad sexual y biológica. La senadora paraguaya Lizarella Valiente respalda la propuesta y sostiene que la protección de la infancia debe prevalecer frente a las intervenciones ideológicas en la educación.

En Paraguay, una iniciativa popular respaldada por más de 50.000 ciudadanos ha abierto un debate sobre la protección de la identidad sexual y biológica de los niños frente a los contenidos educativos vinculados con la denominada ideología de género. La propuesta plantea incorporar una nueva figura penal para sancionar determinadas conductas que, según sus promotores, interfieren en el desarrollo armónico de los menores.

La senadora Lizarella Valiente, integrante de la bancada Honor Colorado y presidenta de la Comisión de Familia y Niñez, explicó los fundamentos de la iniciativa en una entrevista publicada por Hoy Digital el 27 de octubre de 2026. La parlamentaria sostuvo que la propuesta busca proteger la indemnidad infantil, garantizar el desarrollo de la personalidad de los niños y resguardar el derecho de los padres a participar en su formación conforme a sus valores familiares.

EL SEXO BIOLÓGICO Y LA IDENTIDAD SEXUAL EN EL CENTRO DEL DEBATE

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es su oposición a la enseñanza de que el sexo constituye una construcción sociocultural o de que la identidad sexual puede desvincularse de la realidad biológica del organismo.

Valiente manifestó que la iniciativa pretende impedir que se promuevan entre menores contenidos que, desde la perspectiva de sus impulsores, puedan generar confusión respecto de su identidad sexual. Según explicó, la protección comprende tanto los materiales educativos como las actividades y programas destinados a niños.

La controversia plantea una distinción fundamental: la existencia de convenciones culturales relacionadas con la masculinidad y la feminidad no demuestra que el sexo biológico sea una creación de la cultura. Las formas de vestir, las expectativas sociales y determinados comportamientos pueden variar históricamente, pero esas variaciones no producen por sí mismas la diferenciación sexual del organismo humano.

Desde esa perspectiva, el debate educativo no se limita a reconocer que existen interpretaciones culturales del sexo, sino que alcanza a las teorías que proponen desvincular la identidad de género de las características sexuales corporales. Precisamente sobre esas formulaciones se concentra la iniciativa paraguaya.

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA INFANCIA

La senadora fundamentó su respaldo en el artículo 54 de la Constitución Nacional de Paraguay, que establece la protección de los niños y la obligación de garantizar su desarrollo armónico e integral.

El proyecto invoca el concepto jurídico de indemnidad infantil, particularmente en su dimensión sexual, para sostener que los menores deben estar protegidos frente a intervenciones perjudiciales durante la formación de su personalidad.

Valiente también mencionó el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, relativo al derecho de los niños a recibir información y educación conforme a su desarrollo, cultura y valores familiares.

La iniciativa vincula así tres materias jurídicas: la protección constitucional de la infancia, la indemnidad sexual y la participación de los padres en la educación de sus hijos. Sus promotores consideran que estas garantías deben orientar tanto el contenido de los programas escolares como la responsabilidad de quienes los elaboran y difunden.

UNA NUEVA FIGURA PENAL CONTRA DETERMINADAS INTERVENCIONES EN MENORES

De acuerdo con las explicaciones públicas de sus promotores, la iniciativa propone incorporar el artículo 135c al Código Penal paraguayo, bajo la denominación de «abuso bajo otras formas».

La propuesta busca sancionar la elaboración, distribución, promoción o difusión de materiales y actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción de la sexualidad o de su identidad biológica. Las informaciones difundidas sobre el anteproyecto mencionan penas que, bajo determinadas circunstancias agravantes, podrían alcanzar los veinte años de prisión.

Valiente explicó que, de aprobarse la norma, los padres y otros ciudadanos podrían denunciar ante las autoridades judiciales las conductas comprendidas en la nueva figura penal. Correspondería entonces a las autoridades investigar los hechos y determinar las responsabilidades conforme al procedimiento legal.

El alcance exacto de las prohibiciones, los elementos constitutivos del delito y las circunstancias agravantes deberá establecerse a partir del texto legislativo definitivo. Las declaraciones de sus promotores permiten conocer la finalidad de la iniciativa, pero no sustituyen el examen del articulado completo.

LA EDUCACIÓN SEXUAL BIOLÓGICA NO ESTARÍA PROHIBIDA

La parlamentaria precisó que la iniciativa no pretende eliminar la educación sexual de las escuelas ni impedir la enseñanza del respeto, la dignidad y el cuidado mutuo.

Según su explicación, la restricción se dirige específicamente contra la promoción entre menores de las tesis que consideran el sexo una construcción social o sostienen que la identidad sexual puede desvincularse del cuerpo biológico.

Esta delimitación resulta importante porque permite identificar el objeto de la controversia: no se discute simplemente la presencia de educación sexual en las instituciones educativas, sino qué concepciones sobre el sexo y la identidad se enseñan, con qué fundamentos y bajo qué responsabilidad institucional.

La propuesta también comprende la participación de los padres en la supervisión de los contenidos educativos. Sus promotores sostienen que la formación de los menores no puede desarrollarse prescindiendo de los derechos y responsabilidades de las familias.

MÁS DE 50.000 FIRMAS Y RESPALDO DE ORGANIZACIONES CIUDADANAS

La iniciativa ha sido promovida por organizaciones vinculadas con la defensa de la familia y la protección de la infancia, entre ellas Fedapar, Fenapep, Frenvifa, Recnapy y Somos Muchos Muchos Más.

Según las declaraciones difundidas, más de 50.000 ciudadanos respaldaron la propuesta mediante sus firmas y participaron en movilizaciones públicas para solicitar su tratamiento legislativo.

Valiente destacó que este respaldo representa una manifestación de participación ciudadana que el Congreso debe atender mediante el procedimiento correspondiente. También reconoció que el texto podría requerir ajustes durante su estudio parlamentario.

Aunque diversas publicaciones periodísticas describen la entrega de la iniciativa al Congreso, las informaciones disponibles no permiten establecer con certeza que, al 1 de noviembre de 2026, haya concluido la certificación de firmas y exista un expediente legislativo formalmente registrado.

DEL DEBATE EDUCATIVO A LA RESPONSABILIDAD PENAL

La iniciativa paraguaya representa un cambio en la forma de abordar jurídicamente la controversia sobre la ideología de género. Mientras una parte del debate internacional se concentra en la incorporación de determinadas perspectivas sobre sexo y género a los programas educativos, la propuesta ciudadana paraguaya plantea establecer consecuencias penales para ciertas intervenciones dirigidas a menores.

Esta orientación exige resolver una cuestión jurídica fundamental: la descripción de las conductas prohibidas debe permitir identificar objetivamente cuándo existe una intervención perjudicial y cuáles son los elementos necesarios para atribuir responsabilidad penal.

El principio de legalidad exige que una figura delictiva establezca con precisión la conducta sancionada. Por ello, expresiones como «interferir», «alterar» o «dañar» deberán contar con un contenido normativo suficientemente determinado para distinguir una conducta punible de la mera exposición de información o del debate de ideas.

La protección constitucional de los niños constituye el fundamento invocado por los promotores, mientras que la definición del delito y la proporcionalidad de las penas serán aspectos centrales de su evaluación parlamentaria.

UNA CONTROVERSIA QUE TRASCIENDE PARAGUAY

El debate paraguayo se inscribe en una controversia internacional sobre los límites de la intervención estatal en la educación sexual, la relación entre sexo biológico e identidad de género y las facultades de los padres frente a los programas educativos.

La cuestión de fondo comprende dos planos que deben distinguirse: la realidad biológica del sexo y las interpretaciones culturales o subjetivas construidas alrededor de esa realidad. Reconocer que existen normas sociales relacionadas con hombres y mujeres no equivale a demostrar que el sexo sea una construcción cultural.

La iniciativa respaldada por más de 50.000 paraguayos pretende convertir determinadas intervenciones educativas sobre esa materia en conductas penalmente sancionables. Su eventual aprobación dependerá del procedimiento legislativo y del examen constitucional de la nueva figura penal.

Para el Observatorio Pro Vida, este caso merece especial seguimiento porque sitúa en el centro de la discusión los derechos de los niños, la responsabilidad de las instituciones educativas, la participación de los padres y los límites jurídicos de las intervenciones sobre la formación de la identidad sexual durante la infancia.

Fuente principal: Hoy Digital, «Explican finalidad del proyecto contra ideología de género en menores», 27 de octubre de 2026.

https://www.hoy.com.py/nacionales/2026/10/27/explican-finalidad-del-proyecto-contra-ideologia-de-genero-en-menores

Información complementaria: declaraciones de la abogada Dannia Ríos Nacif y de la senadora Lizarella Valiente difundidas por La Nación, Paraguay, en octubre de 2026.

UN DEFENSOR DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO RECONOCE QUE SÍ ES UNA IDEOLOGÍA

UN DEFENSOR DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO RECONOCE QUE SÍ ES UNA IDEOLOGÍA

Por Iván Oré Chávez

Durante años, una de las respuestas más repetidas frente a quienes denuncian la existencia de una ideología de género ha consistido precisamente en negar su existencia. La expresión sería una invención conservadora, religiosa o de las nuevas derechas destinada a desacreditar las políticas de diversidad sexual. Sin embargo, una reciente columna publicada por El Espectador introduce una novedad particularmente interesante: un intelectual de izquierda no solamente utiliza la expresión, sino que reconoce expresamente el carácter ideológico del género y defiende que sea llevado a las aulas.

El autor es Santiago Vargas Acebedo, sociólogo y arquitecto colombiano que investiga las relaciones entre cultura y política. Es candidato a doctor en Sociología por la Universidad de Cambridge, tiene una maestría en Cultura y Sociedad por la London School of Economics (LSE) y estudió Arquitectura en la Universidad de los Andes. Ha publicado en El Espectador, El Tiempo, Cambio y El Malpensante. Es decir, no estamos ante un activista marginal, sino ante un columnista con formación académica en algunas de las instituciones universitarias más reconocidas del mundo.

“PUES BIEN, EL GÉNERO ES UNA FORMA DE IDEOLOGÍA”

El 29 de agosto de 2026, Vargas publicó en El Espectador una columna cuyo título no deja demasiado espacio para interpretaciones: “En defensa de la ideología de género”. Lo verdaderamente interesante aparece dentro del artículo. Después de explicar el concepto marxista de ideología y su relación con el poder, escribe categóricamente: “Pues bien, el género es una forma de ideología”.

La afirmación merece atención porque modifica los términos habituales de la controversia. Aquí no tenemos a un crítico conservador utilizando la expresión “ideología de género” para describir las posiciones de sus adversarios. Tenemos a un defensor de esas ideas afirmando expresamente que el género constituye una forma de ideología y escribiendo una columna precisamente para defenderla.

Vargas comienza, además, su argumentación recurriendo directamente a Karl Marx y La ideología alemana. Explica la ideología como una forma socialmente producida de comprender el mundo que hace aparecer como naturales determinadas construcciones culturales. Añade que las ideologías dominantes están vinculadas al poder porque permiten presentar determinadas relaciones de dominación como naturales e inevitables. Inmediatamente después aplica esa matriz al género.

DE MARX A JUDITH BUTLER

La arquitectura intelectual de la columna resulta bastante clara. Vargas distingue entre sexo, entendido como condición corporal o morfología sexual, y género, entendido como las normas, significados y expectativas que una cultura construye alrededor de esa diferencia corporal. Entre ellas menciona roles, jerarquías, sentimentalidad, división social del trabajo y formas de vestir.

Después introduce expresamente a Judith Butler. Según la exposición de Vargas, el género no sería una esencia derivada del sexo anatómico, sino una identidad producida mediante la repetición de normas sociales que terminan haciendo aparecer determinadas interpretaciones culturales de lo masculino y femenino como si fueran naturales. La genealogía intelectual que el propio columnista construye puede resumirse así: MARX → IDEOLOGÍA Y PODER → JUDITH BUTLER → GÉNERO COMO CONSTRUCCIÓN → CRÍTICA DE LA NATURALIZACIÓN DEL GÉNERO.

Esto también permite precisar la discusión. Nadie necesita sostener que el color de la ropa, determinadas profesiones o todos los roles familiares estén biológicamente determinados para reconocer la existencia objetiva del sexo. Una cosa es demostrar que existen convenciones culturales alrededor de hombres y mujeres y otra diferente concluir que la realidad sexual del organismo depende de esas convenciones. Precisamente en el tránsito entre sexo, roles culturales e identidad se encuentra buena parte de la controversia contemporánea.

VARGAS SE UBICA EN LA IZQUIERDA

Su utilización de Marx podría considerarse simplemente académica si estuviera aislada. Pero su trayectoria como columnista permite situar mucho mejor su posición política. Vargas ha hablado de sí mismo desde la izquierda y ha escrito sobre la izquierda como un proyecto político propio, aunque manteniendo fuertes críticas contra Gustavo Petro.

En noviembre de 2025 escribió que en las elecciones de 2022 había votado por Gustavo Petro. En esa misma columna habló expresamente de “la izquierda” como un proyecto político con vocación de poder y presentó favorablemente la candidatura de Iván Cepeda, aunque desde una posición crítica hacia Petro.

Su archivo de columnas confirma esa ubicación. En febrero de 2025 publicó “Por una izquierda sin Petro”. En mayo de 2026 escribió “¿Por qué votar por Iván Cepeda?”. También ha publicado textos críticos contra Álvaro Uribe, Paloma Valencia, Javier Milei y Abelardo de la Espriella. Esto permite describirlo razonablemente como un intelectual de izquierda o progresista, aunque eso no significa que sea un militante partidario ni un defensor incondicional del petrismo.

Hay además un antecedente particularmente significativo. Ya el 25 de noviembre de 2022, cuando escribía en El Tiempo, Vargas publicó una columna titulada “La primera línea contra la ideología de género”. Por tanto, su interés en esta controversia tampoco comenzó en agosto de 2026. Forma parte de una trayectoria de varios años escribiendo sobre sexo, género, familia, derechos y transformaciones culturales.

 

La propia definición de género utilizada por Vargas ya incorpora una carga ideológica. No se limita a constatar algo evidente —que existen construcciones culturales alrededor del sexo—, sino que introduce inmediatamente “jerarquías”, división del trabajo, sentimentalismo, roles y vestimenta. La diferencia sexual comienza así a ser contemplada a través de una matriz previa de normas, jerarquías y poder.

Vargas vuelve además a mezclar realidades diferentes. Que una sociedad asocie determinadas prendas, profesiones o comportamientos con hombres o mujeres demuestra que existen roles culturales, no que la condición de hombre o mujer sea producida culturalmente. Una falda puede ser una convención; el sexo del organismo no lo es. La cultura puede interpretar el sexo, pero no por ello crea el sexo.

El salto decisivo llega con Judith Butler. Vargas pasa de una afirmación evidente —las culturas construyen interpretaciones de la masculinidad y la feminidad— a presentar el género como una “identidad que se construye” mediante la repetición de normas sociales. Pero ¿qué se construye exactamente: los estereotipos, los roles, la identidad subjetiva o la condición sexual? No son la misma cosa. Al mantener difusa esa frontera, puede deslizarse desde una verdad —existen convenciones culturales— hacia una tesis ideológica mucho más discutible: que esas construcciones explican la propia identidad sexual. Allí la teoría deja de limitarse a describir la cultura y comienza a imponer su particular interpretación de la realidad.

Hay además un salto argumental importante cuando Vargas sostiene que negar la distinción entre sexo y género equivale a considerar naturales las formas de vestir, los comportamientos, las jerarquías y la división de roles entre hombres y mujeres. Aquí su propia ideología vuelve a distorsionarle la realidad: una proposición no conduce necesariamente a la otra. Es perfectamente posible reconocer que numerosas expectativas sociales atribuidas históricamente a hombres y mujeres son convenciones culturales y, al mismo tiempo, sostener que el sexo constituye una realidad biológica objetiva.

Vargas incurre así en la falacia del hombre de paja: atribuye a quienes defienden la realidad biológica del sexo una posición que no se desprende de ella —que también considerarían naturales todos los roles, estereotipos y jerarquías históricamente asociados a hombres y mujeres— y luego ataca esa posición artificialmente construida. Mezcla tres planos diferentes: sexo biológico, roles culturales e identidad de género. Que una vestimenta, profesión o expectativa de comportamiento sea cultural no demuestra que el sexo también lo sea.

Su ideología le hace ver gigantes donde hay molinos de viento. Primero construye un adversario mediante su propia matriz ideológica y después combate contra esa construcción como si fuera la realidad. Es un verdadero quijotismo de la ideología de género: el hombre de paja termina convertido en gigante.

La paradoja es todavía mayor porque Vargas presenta su interpretación como una liberación de la ideología. Introduce las relaciones entre hombres y mujeres dentro de una matriz de “discurso”, “poder” y dominación, mientras describe la posición contraria como “esquizofrenia colectiva” y parte de un “complot de las nuevas derechas”. Pero su teoría del poder también es una interpretación de la realidad, no la realidad misma. Vargas termina así incurriendo precisamente en aquello que denuncia: confundir sus ideas sobre la realidad con la realidad misma.

 

Su columna además tiene una contradicción interna muy notoria por incurrir en una argumentación muy distorsionada de la realidad. Vargas comienza su columna definiendo la ideología como aquello que hace que «confundamos las ideas que tenemos de la realidad con la realidad misma», pero en este párrafo corre incurre en lo mismo que tanto crítica infundadamente al adversario, proyectándose ideológicamente,  su razonamiento contiene varios saltos:

• Primero, parte correctamente de que alrededor del sexo existen construcciones culturales: vestimenta, determinados roles, expectativas sociales, comportamientos considerados masculinos o femeninos. Pero de allí pasa a colocar bajo sospecha los «mandatos asignados a sus cuerpos». El problema es que no todo lo asociado al cuerpo sexual es un mandato cultural. La capacidad reproductiva diferenciada de hombres y mujeres, por ejemplo, no es un discurso producido por relaciones de poder. Aquí necesita distinguir qué es convención cultural y qué es realidad biológica.
• Segundo, dice que debe enseñarse a los niños a «separar la cultura de la naturaleza». Pero para poder realizar esa separación primero hay que establecer qué pertenece a cada ámbito. Si se parte de una teoría previa según la cual determinadas significaciones de la diferencia sexual son construcciones del poder, existe el riesgo de que la teoría determine anticipadamente qué debe considerarse cultural. Eso reproduce justamente el problema epistemológico que él atribuye a la ideología: hacer pasar una interpretación de la realidad por la realidad misma.
• Tercero, hay una contradicción especialmente interesante en su concepto de educación crítica. Vargas dice que llevar la ideología de género a las aulas significa desarrollar la «capacidad crítica» del niño. Pero simultáneamente ya proporciona el marco dentro del cual debe realizarse esa crítica: mandatos → discursos → reproducción del poder → liberación de esos mandatos. El alumno no descubre necesariamente esa interpretación; se le entrega previamente la matriz interpretativa.

Por eso puede hacerse una crítica mucho más profunda de la percepción distorsionada de Vargas. Su propuesta educativa no es ideológicamente neutral. Está proponiendo enseñar a interpretar la realidad mediante categorías concretas procedentes de un determinado artificio intelectual: construcción social, relaciones de poder, naturalización y género.

Ahí aparece la paradoja de Vargas, quien presenta su marco como desarrollo de la “capacidad crítica”, mientras maniqueamente califica la posición contraria como “oscurantismo” y “esquizofrenia de la ideología”. Pero si al alumno se le proporciona previamente la matriz con la que debe interpretar el mundo —mandato, construcción, dominación y poder—, ya no estamos simplemente enseñándole a pensar críticamente: estamos enseñándole una determinada teoría desde la cual debe pensar. Y eso es precisamente lo que sus críticos llevan años denominando ideología de género en la educación.

COLOMBIA: LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO VUELVE AL CENTRO DE LA BATALLA EDUCATIVA

El debate sobre la ideología de género en Colombia no terminó con las primeras medidas anunciadas por el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Durante la última semana adquirió una nueva dimensión con el relevo en el Ministerio de Educación: Viviane Morales deja la cartera e Ilva Myriam Hoyos asume el ministerio con antecedentes públicos y documentados de crítica a la ideología de género. La controversia tampoco se limita ya a determinar si existe o no una “ideología de género”, sino que alcanza una cuestión mucho más concreta: qué concepción del sexo, el género, la identidad, la familia y la sexualidad debe transmitir la escuela y quién tiene autoridad para establecer esos contenidos.

ILVA MYRIAM HOYOS: UNA POSICIÓN QUE VIENE DESDE 2016

El nombramiento de Hoyos resulta especialmente significativo porque su posición no apareció con el cambio de gobierno. Tras conocerse su designación, medios colombianos recuperaron un documento de 38 páginas elaborado por ella en el contexto de las discusiones sobre el enfoque de género incorporado al Acuerdo de Paz de 2016. Hoyos advertía entonces que el concepto había experimentado una ampliación: ya no se refería únicamente a la protección de los derechos de las mujeres, sino que incorporaba cuestiones relacionadas con diversidad, identidad y orientación sexuales.

Su objeción era fundamentalmente antropológica. Consideraba que bajo la categoría de género podía introducirse una concepción que terminara negando “la diferencia y la reciprocidad entre el hombre y la mujer”. El dato permite establecer una continuidad de diez años: Hoyos cuestionaba determinadas concepciones sobre género en 2016 y ahora, en 2026, llega precisamente al ministerio encargado de dirigir la política educativa nacional.

DE PETRO A DE LA ESPRIELLA

El cambio adquiere mayor importancia porque el gobierno anterior dejó aprobada la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, mediante la Resolución 1350 del 10 de julio de 2026. Como ya hemos documentado, esa política dispuso la incorporación progresiva y transversal de contenidos relacionados con derechos sexuales y reproductivos bajo enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad en proyectos educativos, planes de estudio y prácticas pedagógicas.

La cadena institucional era clara: Gobierno → Ministerio de Educación → secretarías territoriales → instituciones educativas → planes de estudio → formación docente → aulas. El cambio presidencial modificó la dirección política. Viviane Morales, primera ministra de Educación de De la Espriella, anunció en agosto la revisión de materiales y políticas educativas heredadas del gobierno de Gustavo Petro y denunció la existencia de una “campaña woke” en la educación. Ahora Morales sale y llega Hoyos, cuya oposición a la ideología de género puede rastrearse documentalmente hasta 2016. No estamos, por tanto, ante una declaración aislada, sino ante un cambio de orientación de la política educativa colombiana.

“EN DEFENSA DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO”

La reacción producida en los medios resulta igualmente reveladora. El Espectador publicó el 29 de agosto una columna del sociólogo Santiago Vargas Acebedo titulada expresamente “En defensa de la ideología de género”. El hecho resulta significativo porque durante años una de las respuestas más frecuentes frente a sus críticos ha sido afirmar que “la ideología de género no existe”. Durante estos mismos días continúan apareciendo artículos que sostienen esa tesis, mientras otro columnista utiliza directamente la expresión para defender aquello que entiende por ella.

El 4 de septiembre, el mismo El Espectador publicó una réplica titulada “Sobre ideologías y terremotos”, donde reaparece directamente la discusión entre sexo biológico y género entendido como construcción social. La respuesta incorpora además otro asunto que ha adquirido importancia internacional: las intervenciones médicas sobre menores con disforia de género y los casos de detransición. De esta manera, el debate colombiano comienza a conectar educación, identidad de género y medicina, tres ámbitos en los que la controversia se ha desarrollado intensamente durante los últimos años.

LA DISPUTA ES POR LA EDUCACIÓN

El punto central puede formularse con claridad. La discusión no consiste simplemente en estar a favor o en contra de la educación sexual. La verdadera disputa es qué se enseña, a qué edad, con qué concepción del ser humano y quién lo decide. En un extremo se encuentra una concepción que considera necesario incorporar género, identidad, orientación sexual, diversidad y derechos sexuales y reproductivos dentro de la formación escolar. En el otro aparecen quienes sostienen que determinadas formulaciones exceden la educación sexual y transmiten una antropología específica sobre la relación entre sexo biológico, identidad personal, sexualidad y familia.

Por eso reaparece inevitablemente la relación padres–escuela–Estado–niño. La cuestión consiste en determinar dónde termina la potestad educativa de los padres y dónde comienza la capacidad estatal para establecer contenidos obligatorios relacionados con sexualidad e identidad. El debate adquiere así una dimensión política mucho mayor que la simple discusión terminológica sobre la existencia de la ideología de género.

UNA BATALLA QUE COMENZÓ MUCHO ANTES

La cronología permite observar el proceso. En 2016, el enfoque de género se convirtió en uno de los asuntos controvertidos alrededor del Acuerdo de Paz y Hoyos publicó sus objeciones. En julio de 2026, el gobierno de Petro aprobó una política de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos proyectada hasta 2035, con incorporación transversal del enfoque de género e interseccionalidad en educación. En agosto, producido el cambio de gobierno, Viviane Morales anunció la revisión de materiales educativos y denunció una “campaña woke”. Finalmente, en septiembre, Morales deja Educación e Ilva Myriam Hoyos asume el ministerio, haciendo que sus posiciones de 2016 vuelvan inmediatamente al debate público.

La secuencia permite comprobar que las ideas sobre género recorrieron el camino desde el debate académico y político hasta las normas, los ministerios, la formación docente y los planes educativos. Ahora comienza el movimiento inverso: un nuevo gobierno pretende revisar esa institucionalización. Lo que está ocurriendo en Colombia ofrece así una oportunidad excepcional para observar cómo funciona una batalla cultural cuando ya ha alcanzado las estructuras del Estado.

COLOMBIA SE CONVIERTE EN UN CASO DE ESTUDIO

Durante el gobierno anterior determinadas categorías sobre género, sexualidad y derechos reproductivos fueron incorporadas a políticas públicas. El nuevo gobierno cuestiona esas categorías y comienza a revisar su aplicación. Inmediatamente reaccionan medios de comunicación, organizaciones políticas, académicos, sindicatos y sectores de la sociedad civil. La discusión sobre la ideología de género ha dejado, por tanto, de ser exclusivamente teórica: teoría → política pública → norma → burocracia → educación → aula.

Ahora puede observarse el recorrido inverso: cambio electoral → nuevo gobierno → revisión de la política → resistencia política, institucional y cultural. Colombia permitirá comprobar hasta qué punto una política ideológica, una vez incorporada a las estructuras educativas y administrativas, puede ser modificada mediante una alternancia democrática de gobierno. La batalla que comenzó alrededor de las palabras sexo, género e identidad ha terminado convirtiéndose en una disputa mucho mayor: quién define la antropología que el Estado transmite a la siguiente generación.

COLOMBIA CAMBIA DE RUMBO: EL NUEVO GOBIERNO REVISA LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO INTRODUCIDA DURANTE EL GOBIERNO DE PETRO.

COLOMBIA CAMBIA DE RUMBO: EL NUEVO GOBIERNO REVISA LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO INTRODUCIDA DURANTE EL GOBIERNO DE PETRO.

La ideología de género se ha convertido en uno de los primeros campos de confrontación entre el nuevo gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella y las políticas heredadas de la administración de Gustavo Petro. La controversia estalló durante la segunda quincena de agosto de 2026, cuando la nueva ministra de Educación, Viviane Morales, anunció una revisión de textos escolares, guías de aprendizaje y planes de enseñanza después de encontrar materiales procedentes del gobierno anterior que, según denunció, evidenciarían intentos de introducir ideología de género en la educación de los menores.

Morales no habló solamente de hechos aislados. Afirmó que durante el gobierno anterior había operado una «campaña woke» que introdujo «sutiles movimientos» para influir sobre la enseñanza y, particularmente, sobre la educación sexual integral. La ministra sostuvo que muchos padres desconocían lo que se enseñaba a sus hijos y anunció que el nuevo Gobierno revisaría los materiales para impedir el adoctrinamiento y garantizar que los contenidos fueran adecuados a la edad y desarrollo de los estudiantes.

El enfrentamiento no surgió, sin embargo, de la nada. Apenas unas semanas antes del cambio de gobierno, la administración de Gustavo Petro había dejado aprobada una política nacional que permite conocer el contexto institucional de aquello que ahora está siendo cuestionado.

PETRO DEJÓ UNA POLÍTICA DE SEXUALIDAD Y GÉNERO PROYECTADA HASTA 2035.

El 10 de julio de 2026, todavía durante el gobierno de Gustavo Petro, los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Culturas aprobaron conjuntamente la Resolución 1350 de 2026, mediante la cual adoptaron la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035. No se trataba simplemente de una declaración política o de recomendaciones académicas, sino de una resolución que creó obligaciones concretas dentro del aparato educativo colombiano.

Su artículo 17 ordenó al Ministerio de Educación desarrollar lineamientos destinados a garantizar la implementación de esa política en las instituciones de preescolar, básica y media, además de prestar asistencia permanente a las autoridades educativas territoriales para implementar progresivamente la educación sexual integral. La disposición alcanzaba también directamente la estructura de formación del magisterio: ordenaba incorporar contenidos sobre derechos sexuales y reproductivos en los procesos de formación inicial y continua de los docentes y en la evaluación de sus competencias.

El artículo 18 resulta todavía más revelador. Las secretarías de Educación recibieron expresamente la obligación de «vigilar» que los contenidos de la política fueran incorporados progresivamente en los Proyectos Educativos Institucionales, proyectos educativos comunitarios, planes de estudio y prácticas pedagógicas de las instituciones educativas. Y la propia norma determinaba bajo qué parámetros debía realizarse esa incorporación: «enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad».

El artículo 19 extendió la obligación a las instituciones educativas oficiales y privadas de preescolar, básica y media, que debían incorporar transversalmente esos contenidos en sus proyectos educativos, planes de estudio y prácticas pedagógicas. Por tanto, existe una cadena institucional perfectamente identificable: Gobierno nacional → ministerios → secretarías de Educación → instituciones educativas → planes de estudio → formación docente → prácticas pedagógicas → aula.

Este dato resulta fundamental porque permite distinguir entre quienes diseñaron la política y quienes debían trabajar dentro del sistema que la ejecutaba.

LOS DOCENTES NO DISEÑARON LA POLÍTICA.

La reacción posterior ha tendido a presentar la revisión anunciada por Morales como una ofensiva contra los profesores. Pero los propios documentos permiten establecer una distinción necesaria. Los docentes colombianos no constituyen un bloque político homogéneo ni puede presumirse que todos sean militantes de la ideología de género.

La política fue diseñada e impuesta desde el aparato estatal. La Resolución 1350 asignó obligaciones al Ministerio de Educación, a las secretarías territoriales y a las propias instituciones educativas. Ordenó incorporar determinados enfoques en planes de estudio y prácticas pedagógicas y contempló expresamente su incorporación en la formación y evaluación de competencias docentes.

Por eso, si se pretende determinar responsabilidades políticas por la introducción de estas concepciones en el sistema educativo, el análisis debe comenzar arriba y no abajo. Primero debe examinarse al Gobierno que aprobó la política; después, a los ministerios y autoridades encargados de convertirla en lineamientos; luego, a las instituciones responsables de incorporarla a planes y materiales; y solamente al final aparece el profesor encargado de trabajar dentro de ese marco institucional.

DE PETRO A DE LA ESPRIELLA: EL CAMBIO SE PRODUJO EN POCAS SEMANAS.

La cronología permite observar la magnitud del giro. El 10 de julio, el gobierno de Gustavo Petro adoptó una política de sexualidad proyectada hasta 2035, con obligaciones educativas expresas y enfoques de género e interseccionalidad. El 7 de agosto, Viviane Morales asumió el Ministerio de Educación dentro del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

Menos de dos semanas después, Morales anunció que había encontrado materiales heredados de la administración anterior que consideraba expresión de una campaña ideológica dentro de la educación. El nuevo Ministerio comenzó entonces a revisar textos de estudio, guías de aprendizaje y planes de enseñanza.

Morales declaró que la misión del nuevo Gobierno era «restaurar principios y valores», «sacar la ideologización del país» y respetar el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos. La ministra sostuvo además que no se permitiría introducir contenidos a espaldas de las familias y anunció que se combatiría el adoctrinamiento de menores mediante materiales que no correspondieran con su edad y desarrollo emocional.

Colombia pasó así, en cuestión de semanas, de institucionalizar una política de género y sexualidad con horizonte hasta 2035 a revisar desde el propio Ministerio de Educación los materiales mediante los cuales esas concepciones podían llegar a las aulas.

FECODE E IVÁN CEPEDA SE PRESENTAN COMO DEFENSORES DEL MAGISTERIO.

La reacción fue inmediata. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, calificó de «absoluta y total mentira» las denuncias sobre profesores que estarían intentando imponer ideología de género y acusó al nuevo Gobierno de estigmatizar al magisterio.

El senador Iván Cepeda, integrante del Pacto Histórico, fue todavía más lejos. Acusó a Viviane Morales de emprender una «cruzada fundamentalista contra el magisterio» y describió su actuación como una persecución «autoritaria» y «oscurantista».

Aquí aparece una inversión política especialmente interesante. El centro inicial de la controversia era una política estatal heredada y los contenidos que el nuevo Ministerio afirma haber encontrado. Sin embargo, la respuesta desplaza el conflicto hacia una supuesta persecución contra los profesores. Pero revisar una política diseñada por el gobierno anterior no equivale necesariamente a perseguir al maestro encargado de trabajar bajo ella.

Los documentos muestran precisamente que las órdenes procedían del nivel superior del Estado. El artículo 18 de la Resolución 1350 ordenaba a las secretarías de Educación vigilar la incorporación de los contenidos; el artículo 19 establecía que las instituciones educativas debían incorporarlos; y el artículo 17 alcanzaba incluso la formación y evaluación de competencias del magisterio. De este modo, presentar simplemente al profesor como responsable de la política oculta el verdadero recorrido del poder: la decisión política se originó en el Gobierno y descendió administrativamente hasta llegar al aula.

LA DISCUSIÓN SOBRE SI EXISTE LA «IDEOLOGÍA DE GÉNERO».

La controversia produjo inmediatamente otro fenómeno: mientras el nuevo Gobierno habla abiertamente de ideología de género, algunos de sus adversarios cuestionan incluso la utilización de esa expresión. Pero ideología no constituye en sí misma una palabra misteriosa. En su sentido ordinario designa un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad, época o movimiento cultural, religioso o político.

Por eso, la cuestión relevante no consiste simplemente en prohibir o aceptar la expresión. La pregunta es si podemos identificar un conjunto articulado de ideas acerca del sexo, género, identidad, sexualidad, educación y función del Estado, y posteriormente comprobar si esas ideas fueron transformadas en políticas públicas.

En Colombia existe precisamente un documento estatal que permite comenzar esa comprobación. La Resolución 1350 habla expresamente de género, interseccionalidad, educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos, además de disponer su incorporación progresiva a proyectos educativos, planes de estudio y prácticas pedagógicas. La discusión puede entonces abandonar las abstracciones y trasladarse al contenido efectivo de la política pública.

LAS MENTIRAS DE LA LOGIA MASONICA FEMENINA DE CHILE PARA FAVORECER EL ASESINATO DE NIÑOS

LAS MENTIRAS DE LA LOGIA MASONICA FEMENINA DE CHILE PARA FAVORECER EL ASESINATO DE NIÑOS

La Gran Logia Femenina de Chile ha decidido intervenir en el debate sobre el proyecto de ley «Escucha su Corazón». Está en su derecho de hacerlo. Lo que no corresponde es presentar mentiras ante la opinión pública para atacar un proyecto legislativo que no coincide con lo que efectivamente dice su articulado.

El comunicado sostiene que la iniciativa pretende «obligar al personal médico a hacer escuchar el latido fetal antes de un aborto legal». Esa afirmación omite una diferencia decisiva: el proyecto no dice que la mujer esté obligada a escuchar. Dice que el médico está obligado a ofrecerle la posibilidad de hacerlo.

El artículo propuesto dispone que, cuando resulte detectable la actividad cardíaca del embrión o feto, el médico deberá «ofrecerle, de manera verbal y directa, la oportunidad de escuchar los latidos». Y acto seguido establece expresamente: «La madre del nonato podrá declinar libremente este ofrecimiento». Por tanto, la logia al convertir jurídicamente el deber del médico de ofrecer información en una obligación de la mujer de escucharla altera deliberadamente el contenido literal de la iniciativa con el objeto de engañar a los ciudadanos.

Y esa alteración resulta especialmente llamativa porque la Gran Logia engaña a la gente presentando su oposición precisamente como una defensa de la autonomía femenina. ¿En qué consiste la autonomía si una mujer no puede siquiera recibir el ofrecimiento de conocer un dato biológico sobre su propio embarazo?

La mujer puede escuchar. Puede no escuchar. Puede aceptar. Puede rechazar. Precisamente eso significa decidir.

El argumento masónico introduce además otra mentira deliberada. Afirma que proporcionar esta información supone presumir una «superioridad moral» del legislador sobre la mujer. Pero podría formularse exactamente la pregunta contraria: ¿quién decide qué información puede soportar conocer una mujer antes de abortar? Si escuchar la actividad cardíaca careciera completamente de importancia para su decisión, no habría motivo para combatir con semejante intensidad el ofrecimiento.

Y aquí aparece el verdadero núcleo político del asunto.

El sonido puede tener consecuencias sobre la decisión porque transforma los argumentos y frases inventadas por los militantes de la ideología de género —«interrupción del embarazo», «procedimiento», «prestación médica»— en una experiencia inmediata. No obliga jurídicamente a adoptar una determinada conclusión moral, pero puede aportar a la mujer un elemento que considere relevante antes de decidir.

Por eso resulta contradictorio invocar el «discernimiento ético de las mujeres» mientras simultáneamente se combate que reciban una información que podría intervenir precisamente en ese discernimiento. La masonería se opone al derecho de la mujer a decidir. La paradoja es evidente: mientras invoca el derecho de la mujer a decidir, la Gran Logia combate que llegue a esa decisión después de que se le ofrezca conocer una información que podría modificarla.

Aquí se encuentra el verdadero punto jurídico que la Gran Logia elude. El proyecto parte de que no existe decisión plenamente informada sin conocimiento suficiente de aquello sobre lo cual se decide. La mujer puede declinar escuchar los latidos, pero el proyecto vincula esa negativa con la posibilidad de practicar posteriormente el aborto. Puede discutirse jurídicamente si el legislador está facultado para convertir ese conocimiento en condición del consentimiento informado; lo que no puede hacerse es sustituir ese debate por la afirmación de que el proyecto simplemente “obliga a escuchar”. No dice eso. La cuestión real es mucho más profunda: ¿puede considerarse plenamente informada una decisión cuando deliberadamente se rechaza conocer un dato que el legislador considera esencial para comprender la realidad biológica sobre la cual se está decidiendo?

Pero precisamente esa objeción demuestra algo importante: no hace falta tergiversar el proyecto para criticarlo. Existe una disposición concreta que merece discusión jurídica. La Gran Logia podía haber centrado allí su cuestionamiento.

En cambio, su comunicado va mucho más lejos y califica el ofrecimiento de escuchar la actividad cardíaca como «violencia institucional», «revictimización» e incluso una conducta que «colinda con el trato degradante». Para la masonería resulta degradante que una madre escuche a su bebé.

Ese salto merece una pregunta elemental: ¿desde cuándo proporcionar a una mujer la posibilidad de conocer un hecho biológico de su propio embarazo constituye por sí mismo violencia contra ella?

El proyecto no elimina las tres causales de aborto existentes en Chile. No incorpora una cuarta causal. No modifica las situaciones que permiten acceder legalmente a la interrupción del embarazo. Su objeto declarado consiste en introducir información sobre la actividad cardíaca dentro del consentimiento informado previo. La controversia verdadera, entonces, no es solamente sobre el aborto. Es también sobre qué puede conocer una mujer antes de abortar.

La Gran Logia Femenina engaña a los ciudadanos cuando afirma defender la capacidad de discernimiento de las madres. Pero evita mencionar la verdad de que una capacidad de discernimiento auténticamente respetada supone permitir que la persona conozca información y adopte posteriormente su propia decisión.

Resulta difícil sostener simultáneamente dos proposiciones: que la mujer posee plena capacidad moral para decidir sobre la continuidad de un embarazo y que debe ser protegida del posible efecto psicológico que podría producirle escuchar la actividad cardíaca del niño que gesta en su embarazo.

Si posee capacidad para decidir, posee también capacidad para conocer. La discusión sobre «Escucha su Corazón» deja así al descubierto una contradicción mucho más profunda. Bajo el lenguaje falsario masónico de autonomía, libertad y consentimiento aparece una disputa acerca de qué información debe llegar a la conciencia de la mujer antes de una decisión irreversible.

Quienes defienden el aborto pueden sostener sus argumentos. Quienes defienden la vida desde la concepción pueden sostener los suyos. Pero ninguno debería necesitar alterar las palabras de un proyecto de ley para ganar el debate. Y cuando una organización luciferina que se proclama defensora del librepensamiento teme que una mujer escuche, conozca y después decida, la pregunta inevitable es:

¿Se busca liberar a la mujer de la coacción, o liberar su decisión de toda información capaz de hacerla cambiar de opinión?

https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=18659&prmTIPO=INICIATIVA

https://edicioncero.cl/2026/08/masoneria-femenina-opina-sobre-proyecto-escucha-su-corazon-iniciativa-no-respeta-la-capacidad-de-discernimiento-etico-de-las-mujeres/

IDEOLOGÍA DE GÉNERO: LA BATALLA CULTURAL SE TRASLADA A LAS ESCUELAS, LOS TRIBUNALES Y LOS GOBIERNOS

IDEOLOGÍA DE GÉNERO: LA BATALLA CULTURAL SE TRASLADA A LAS ESCUELAS, LOS TRIBUNALES Y LOS GOBIERNOS

La controversia internacional en torno a la denominada ideología de género ha producido durante las últimas semanas una sucesión de acontecimientos concretos en Estados Unidos, Argentina, México, el Caribe y Perú. Ya no se trata solamente de discusiones académicas sobre sexo, género o identidad: gobiernos, tribunales, autoridades educativas, iglesias y organizaciones civiles están tomando decisiones que trasladan la disputa al terreno institucional.

 

ESTADOS UNIDOS: EL GOBIERNO FEDERAL ABRE UNA INVESTIGACIÓN POR LAS “MYGENDER DOLLS”. El 29 de julio de 2026, el Departamento de Educación de Estados Unidos anunció oficialmente una investigación contra el Departamento de Educación de Minnesota a raíz de una denuncia presentada por padres a través de la organización Defending Education. El objeto de la investigación es determinar si se vulneró la Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA), legislación federal que reconoce determinados derechos de información, revisión y exclusión voluntaria de los padres respecto de encuestas, evaluaciones y actividades escolares relacionadas con materias sensibles. El Departamento federal advirtió expresamente que las infracciones a la PPRA pueden llegar a provocar la pérdida de financiación federal.

El origen de la controversia son las denominadas MyGender Dolls, desarrolladas a partir de investigaciones realizadas en el Institute for Sexual and Gender Health de la Universidad de Minnesota. El propio sitio del proyecto las define como una herramienta de “juego terapéutico” destinada a niños “trans y de género diverso” de 4 a 10 años y anuncia su lanzamiento durante 2026 para profesionales clínicos y educadores. Entre sus destinatarios enumera profesionales de salud mental, consejeros escolares, educadores, pediatras y otros profesionales sanitarios.

MyGender Dolls es un proyecto de muñecos terapéuticos personalizables desarrollado por investigadores vinculados al Institute for Sexual and Gender Health (ISGH) de la University of Minnesota Medical School. Está pensado principalmente para profesionales que trabajan con niños de 4 a 10 años a quienes los fanáticos de la ideología de género les asignan la identificación de trans o de género diverso. Lo particular —y lo que ha generado la polémica— es que los muñecos están diseñados con componentes corporales y genitales intercambiables, de manera que el profesional y el niño puedan configurar diferentes combinaciones de apariencia corporal, genitales, cabello, ropa, etc. El proyecto los presenta como una herramienta de juego terapéutico para que los menores puedan representar cómo perciben su cuerpo o identidad.

El antecedente institucional está documentado. El informe anual 2024 del instituto de la Universidad de Minnesota describía MyGender Dolls como un conjunto de herramientas terapéuticas para que terapeutas licenciados trabajaran con pacientes menores y sus padres o cuidadores, especialmente con niños que tenían dificultades para expresarse. El instituto señaló además que su investigación y desarrollo había recibido apoyo mediante subvenciones y donaciones.

Ante el escándalo, el Departamento de Educación de Minnesota negó que el proyecto fuera suyo y afirmó que no serían implantadas en las escuelas públicas K-12 de Minnesota. Los investigadores indicaron asimismo que estaban destinadas al uso terapéutico por profesionales licenciados. Lo comprobado es la existencia del proyecto, su orientación a niños desde los cuatro años, su vinculación originaria con la Universidad de Minnesota y la apertura de una investigación federal; no está comprobada una implantación general en las aulas estatales.

 

OREGÓN: UNA DISPUTA JUDICIAL POR LOS LIBROS HE IS HE Y SHE IS SHE. Otro frente estadounidense involucra al trabajador educativo Roderick Theis y al InterMountain Education Service District de Oregón. Theis colocó en su oficina los libros infantiles He Is He y She Is She, escritos por Ryan y Bethany Bomberger, junto con Johnny the Walrus, de Matt Walsh. Según los antecedentes judiciales, los libros de los Bomberger fueron colocados en octubre de 2024 y Theis no los utilizaba como material de enseñanza: permanecían como decoración en su oficina.

Los libros están expresamente concebidos como una defensa de la concepción binaria del sexo en contraposición los fanáticos de la ideología de género que argumentan ridículamente la inexistencia del dimorfismo sexual entre varones y mujeres. She Is She está dirigido principalmente a niños de 2 a 8 años y expone la verdad por la cual se presenta la condición femenina como una realidad por el hecho de ser biológica; He Is He utiliza el mismo planteamiento respecto de los varones. Los autores pertenecen a Radiance Foundation, organización cristiana provida fundada por Ryan y Bethany Bomberger.

El distrito educativo ordenó retirar los libros y Theis llevó el asunto a los tribunales alegando vulneración de su libertad de expresión y religiosa. El caso continuó judicializándose y llegó al Noveno Circuito federal. Es decir, la controversia sobre sexo e identidad de personas que se auto perciben con un sexo que no es el suyo verdadero, ha terminado convertida también en una controversia constitucional sobre hasta dónde puede una institución educativa restringir determinadas expresiones de sus trabajadores.

 

ARGENTINA: CLARA MUZZIO PIDE REVISAR LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. Clara Muzzio, vicejefa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Legislatura porteña, abrió otra controversia al cuestionar públicamente contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI). Muzzio expuso la verdad por la cual únicamente que existen solamente dos sexos, masculino y femenino, y sostuvo que parte de la ESI había incorporado contenidos ideológicos que deberían revisarse. Tras esas declaraciones denunció haber recibido insultos e incluso mensajes deseando la muerte de ella y de miembros de su familia por parte de los fanáticos violentistas que promueven la ideología de género.

Muzzio fue todavía más específica al referirse a determinadas políticas públicas: celebró la eliminación de tratamientos hormonales de castración química contra menores dispuesta por el Gobierno nacional y recordó que el Gobierno de Buenos Aires había terminado en 2025 con un mecanismo que, según explicó, permitía a mayores de 16 años consignar datos falsos sobre su sexo en determinados documentos sin autorización familiar. Su intervención demuestra que el debate argentino está desplazándose desde el activismo hacia cuestiones concretas de educación, castración química disfrazada como tratamientos médicos de menores y falsedad sobre el sexo en la documentación pública.

 

MÉXICO: CIENTOS DE EVANGÉLICOS MARCHAN CONTRA LA REFORMA DE IDENTIDAD DE GÉNERO EN CHIAPAS. El 25 de julio de 2026, cientos de integrantes de iglesias evangélicas participaron en Tuxtla Gutiérrez en la denominada Gran Marcha Ciudadana por los Valores en Chiapas. Los manifestantes exigieron la abrogación de reformas recientemente aprobadas al Código Civil del estado que permiten modificaciones legales relacionadas con la castración química disfrazada  como identidad y género, y manifestaron asimismo su rechazo al reconocimiento jurídico de las mal denominadas infancias trans, puesto que en la realidad no existen niños con problemas de identidad sexual.

El dato relevante es que aquí tampoco estamos ante una discusión abstracta: existe una reforma del Código Civil, una movilización organizada para derogarla y una controversia específica sobre el reconocimiento jurídico de la identidad de género, especialmente cuando involucra a menores que erróneamente se auto perciben con un sexo que no es el suyo en la realidad.

 

CARIBE: LOS OBISPOS PUBLICAN UNA CARTA PASTORAL SOBRE IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO. La Conferencia Episcopal de las Antillas, que agrupa a los obispos católicos de 19 diócesis y dos misiones independientes del Caribe, publicó el 26 de julio de 2026 una Pastoral Letter on Sexual and Gender Identity. El documento forma parte de un trabajo que la propia Conferencia venía desarrollando sobre familia, teoría de género, identidad sexual y educación sexual.

No es una intervención aislada. Ya en una conferencia regional de 2023, la Comisión de Familia y Vida de los obispos antillanos había incluido entre sus materias de trabajo “Gender Theory and Ideology”, “Sexual Identity, Orientation and Morality” y “Sex Education in Schools”. La publicación de 2026 convierte aquella discusión interna en un documento pastoral destinado a orientar a las comunidades católicas de la región.

 

EL OTRO EXTREMO DEL DEBATE: LA OPOSICIÓN A LAS POLÍTICAS TRANS ES PRESENTADA COMO UNA AMENAZA “POTENCIALMENTE GENOCIDA”. En el campo contrario, la filósofa Judith Butler ha recurrido a una formulación particularmente grave. En una entrevista reproducida recientemente se refirió a una declaración del Lemkin Institute según la cual determinados ataques contra los derechos y el reconocimiento jurídico de las personas trans (personas con un errónea autopercepción de su sexo) apuntarían hacia un proyecto “potencialmente genocida”. Ante el ridículo de su denuncia catastrofista, Butler precisó que esto no equivale a afirmar que actualmente exista un genocidio contra las personas trans, sino a advertir sobre un proceso de eliminación de su reconocimiento jurídico y público.

La expresión muestra hasta qué punto se ha endurecido el lenguaje de esta batalla cultural. Aparecen gobiernos, iglesias, padres y organizaciones que reivindican el sexo como criterio objetivo, cuestionan castraciones químicas disfrazadas de tratamientos médicos en menores o reclaman revisar contenidos escolares por incluir mentiras de origen ideológico.

Los hechos de estas semanas muestran, por tanto, un fenómeno internacional concreto: la discusión sobre sexo e identidad de género ha abandonado definitivamente el ámbito exclusivamente académico. En Minnesota provoca una investigación federal; en Oregón ha llegado a los tribunales; en Argentina enfrenta a una alta funcionaria con los defensores de la ESI; y en Chiapas moviliza a cientos de ciudadanos contra una reforma del Código Civil; en el Caribe produce documentos episcopales destinados a escuelas, parroquias y familias. La disputa central ya no consiste solamente en qué significan las palabras sexo y género, sino en quién fija esas definiciones y qué consecuencias tendrán en la educación de menores, la medicina, los documentos públicos, la libertad de expresión y las políticas del Estado.