COLOMBIA CAMBIA DE RUMBO: EL NUEVO GOBIERNO REVISA LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO INTRODUCIDA DURANTE EL GOBIERNO DE PETRO.
La ideología de género se ha convertido en uno de los primeros campos de confrontación entre el nuevo gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella y las políticas heredadas de la administración de Gustavo Petro. La controversia estalló durante la segunda quincena de agosto de 2026, cuando la nueva ministra de Educación, Viviane Morales, anunció una revisión de textos escolares, guías de aprendizaje y planes de enseñanza después de encontrar materiales procedentes del gobierno anterior que, según denunció, evidenciarían intentos de introducir ideología de género en la educación de los menores.
Morales no habló solamente de hechos aislados. Afirmó que durante el gobierno anterior había operado una «campaña woke» que introdujo «sutiles movimientos» para influir sobre la enseñanza y, particularmente, sobre la educación sexual integral. La ministra sostuvo que muchos padres desconocían lo que se enseñaba a sus hijos y anunció que el nuevo Gobierno revisaría los materiales para impedir el adoctrinamiento y garantizar que los contenidos fueran adecuados a la edad y desarrollo de los estudiantes.
El enfrentamiento no surgió, sin embargo, de la nada. Apenas unas semanas antes del cambio de gobierno, la administración de Gustavo Petro había dejado aprobada una política nacional que permite conocer el contexto institucional de aquello que ahora está siendo cuestionado.
PETRO DEJÓ UNA POLÍTICA DE SEXUALIDAD Y GÉNERO PROYECTADA HASTA 2035.
El 10 de julio de 2026, todavía durante el gobierno de Gustavo Petro, los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Culturas aprobaron conjuntamente la Resolución 1350 de 2026, mediante la cual adoptaron la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035. No se trataba simplemente de una declaración política o de recomendaciones académicas, sino de una resolución que creó obligaciones concretas dentro del aparato educativo colombiano.
Su artículo 17 ordenó al Ministerio de Educación desarrollar lineamientos destinados a garantizar la implementación de esa política en las instituciones de preescolar, básica y media, además de prestar asistencia permanente a las autoridades educativas territoriales para implementar progresivamente la educación sexual integral. La disposición alcanzaba también directamente la estructura de formación del magisterio: ordenaba incorporar contenidos sobre derechos sexuales y reproductivos en los procesos de formación inicial y continua de los docentes y en la evaluación de sus competencias.
El artículo 18 resulta todavía más revelador. Las secretarías de Educación recibieron expresamente la obligación de «vigilar» que los contenidos de la política fueran incorporados progresivamente en los Proyectos Educativos Institucionales, proyectos educativos comunitarios, planes de estudio y prácticas pedagógicas de las instituciones educativas. Y la propia norma determinaba bajo qué parámetros debía realizarse esa incorporación: «enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad».
El artículo 19 extendió la obligación a las instituciones educativas oficiales y privadas de preescolar, básica y media, que debían incorporar transversalmente esos contenidos en sus proyectos educativos, planes de estudio y prácticas pedagógicas. Por tanto, existe una cadena institucional perfectamente identificable: Gobierno nacional → ministerios → secretarías de Educación → instituciones educativas → planes de estudio → formación docente → prácticas pedagógicas → aula.
Este dato resulta fundamental porque permite distinguir entre quienes diseñaron la política y quienes debían trabajar dentro del sistema que la ejecutaba.
LOS DOCENTES NO DISEÑARON LA POLÍTICA.
La reacción posterior ha tendido a presentar la revisión anunciada por Morales como una ofensiva contra los profesores. Pero los propios documentos permiten establecer una distinción necesaria. Los docentes colombianos no constituyen un bloque político homogéneo ni puede presumirse que todos sean militantes de la ideología de género.
La política fue diseñada e impuesta desde el aparato estatal. La Resolución 1350 asignó obligaciones al Ministerio de Educación, a las secretarías territoriales y a las propias instituciones educativas. Ordenó incorporar determinados enfoques en planes de estudio y prácticas pedagógicas y contempló expresamente su incorporación en la formación y evaluación de competencias docentes.
Por eso, si se pretende determinar responsabilidades políticas por la introducción de estas concepciones en el sistema educativo, el análisis debe comenzar arriba y no abajo. Primero debe examinarse al Gobierno que aprobó la política; después, a los ministerios y autoridades encargados de convertirla en lineamientos; luego, a las instituciones responsables de incorporarla a planes y materiales; y solamente al final aparece el profesor encargado de trabajar dentro de ese marco institucional.
DE PETRO A DE LA ESPRIELLA: EL CAMBIO SE PRODUJO EN POCAS SEMANAS.
La cronología permite observar la magnitud del giro. El 10 de julio, el gobierno de Gustavo Petro adoptó una política de sexualidad proyectada hasta 2035, con obligaciones educativas expresas y enfoques de género e interseccionalidad. El 7 de agosto, Viviane Morales asumió el Ministerio de Educación dentro del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.
Menos de dos semanas después, Morales anunció que había encontrado materiales heredados de la administración anterior que consideraba expresión de una campaña ideológica dentro de la educación. El nuevo Ministerio comenzó entonces a revisar textos de estudio, guías de aprendizaje y planes de enseñanza.
Morales declaró que la misión del nuevo Gobierno era «restaurar principios y valores», «sacar la ideologización del país» y respetar el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos. La ministra sostuvo además que no se permitiría introducir contenidos a espaldas de las familias y anunció que se combatiría el adoctrinamiento de menores mediante materiales que no correspondieran con su edad y desarrollo emocional.
Colombia pasó así, en cuestión de semanas, de institucionalizar una política de género y sexualidad con horizonte hasta 2035 a revisar desde el propio Ministerio de Educación los materiales mediante los cuales esas concepciones podían llegar a las aulas.
FECODE E IVÁN CEPEDA SE PRESENTAN COMO DEFENSORES DEL MAGISTERIO.
La reacción fue inmediata. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, calificó de «absoluta y total mentira» las denuncias sobre profesores que estarían intentando imponer ideología de género y acusó al nuevo Gobierno de estigmatizar al magisterio.
El senador Iván Cepeda, integrante del Pacto Histórico, fue todavía más lejos. Acusó a Viviane Morales de emprender una «cruzada fundamentalista contra el magisterio» y describió su actuación como una persecución «autoritaria» y «oscurantista».
Aquí aparece una inversión política especialmente interesante. El centro inicial de la controversia era una política estatal heredada y los contenidos que el nuevo Ministerio afirma haber encontrado. Sin embargo, la respuesta desplaza el conflicto hacia una supuesta persecución contra los profesores. Pero revisar una política diseñada por el gobierno anterior no equivale necesariamente a perseguir al maestro encargado de trabajar bajo ella.
Los documentos muestran precisamente que las órdenes procedían del nivel superior del Estado. El artículo 18 de la Resolución 1350 ordenaba a las secretarías de Educación vigilar la incorporación de los contenidos; el artículo 19 establecía que las instituciones educativas debían incorporarlos; y el artículo 17 alcanzaba incluso la formación y evaluación de competencias del magisterio. De este modo, presentar simplemente al profesor como responsable de la política oculta el verdadero recorrido del poder: la decisión política se originó en el Gobierno y descendió administrativamente hasta llegar al aula.
LA DISCUSIÓN SOBRE SI EXISTE LA «IDEOLOGÍA DE GÉNERO».
La controversia produjo inmediatamente otro fenómeno: mientras el nuevo Gobierno habla abiertamente de ideología de género, algunos de sus adversarios cuestionan incluso la utilización de esa expresión. Pero ideología no constituye en sí misma una palabra misteriosa. En su sentido ordinario designa un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad, época o movimiento cultural, religioso o político.
Por eso, la cuestión relevante no consiste simplemente en prohibir o aceptar la expresión. La pregunta es si podemos identificar un conjunto articulado de ideas acerca del sexo, género, identidad, sexualidad, educación y función del Estado, y posteriormente comprobar si esas ideas fueron transformadas en políticas públicas.
En Colombia existe precisamente un documento estatal que permite comenzar esa comprobación. La Resolución 1350 habla expresamente de género, interseccionalidad, educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos, además de disponer su incorporación progresiva a proyectos educativos, planes de estudio y prácticas pedagógicas. La discusión puede entonces abandonar las abstracciones y trasladarse al contenido efectivo de la política pública.
