El lobby gay, furioso por el recurso a la Ley LGTBI de Cifuentes
Gaceta.es
8 noviembre, 2016
El lobby LGTB acusa al centenar de asociaciones autoras del recurso contra la Ley Cifuentes de querer perpetuar la “homofobia, transfobia y bifobia” en Madrid, ignorando que los firmantes manifiestan estar de acuerdo en la igualdad de todo ser humano al margen de su condición sexual.
Acusa al centenar de asociaciones que ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidadcontra la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual de la Comunidad de Madrid de querer “retorcer la Constitución” y asegura que la conocida como Ley Cifuentes “no impone nada” sino que protege la diversidad, informa Gaceta.es.
Así se expresa el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), Jesús Generelo, quien, en unas declaraciones a Servimedia, califica de “penoso” el recurso.
No es el único representante del colectivo LGTB enfadado con esta acción ciudadana que engloba a más de un centenar de asociaciones de toda índole -educativas, sanitarias, políticas, feministas…- que denuncia el carácter totalitario de la Ley aprobada por la popular Cristina Cifuentes.
Donde unos, los miembros del lobby LGTB, ven la “visibilización de la riqueza que aporta la diversidad sexual” otros, los denunciantes, detectan vulneración de derechos y de omisión de deberes: “el de los padres a elegir para sus hijos una formación acorde con sus propias convicciones”, “el del Estado de garantizar la neutralidad ideológica en los centros escolares públicos”, el de los ciudadanos, “a ser tratados con igualdad al margen de su orientación sexual” o el de los mayores de edad, a actuar con autonomía en el ámbito sanitario.
En la línea de Generelo, el colectivo LGTB Arcópoli califica de ignorantes y prejuiciosos a los autores del recurso. “Argumentar que hablar de diversidad sexual y familiar en las aulas vulnera la libertad de expresión es grotesco. Buscan proteger su homofobia”, añade Arcópoli.
El lobby gay lamenta, además, que “se recurra a una identidad tan emblemática como la del Defensor del Pueblo para intentar retorcer la Constitución y dificultar libertades”, cuando “precisamente está para garantizar esa libertad efectiva de todas las personas independientemente de su orientación sexual o de su identidad de género”.
Discriminación positiva
La preocupación de las asociaciones LGTB ante la posibilidad de que se declare inconstitucional la Ley Cifuentes -en su totalidad o en algunos artículos- es comprensible si se tiene en cuenta la evidente discriminación positiva que esta norma supone para ‘lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intergénero’.
Así, tal como resume la propia Arcópoli, la ley de LGTBIfobia establece, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid deberá “fomentar la participación de personas LGTBI en la vida cultural, deportiva y de ocio”, además de “adoptar medidas con las que compensar las desventajas que implica tener una orientación sexual o identidad o expresión de género minoritarias”.
Más discriminación positiva en la ley: “Todos los Ayuntamientos, incluido el más pequeño y lejano, deben proporcionarte servicios específicos como persona LGTBI. Es tu derecho exigirlos. Si tu Ayuntamiento dice no tener recursos, está obligado a solicitarlos a la CAM”.
Además, “las expresiones artísticas, recreativas y deportivas llevadas a cabo por personas y organizaciones LGTBI o sobre dicha temática serán fomentadas a nivel autonómico y local” por la Administración pública, que, además, “promoverá el turismo LGTBI y dará respaldo institucional a la celebración de fechas conmemorativas, especialmente el Orgullo”.
Los derechos en peligro
Frente a esta extensa seria de ventajas para el colectivo LGTBI que contempla la ley, otros artículos -los denunciados en el texto presentado ante el Defensor del Pueblo- pueden suponer una grave vulneración de derechos fundamentales.
Así lo considera el centenar de asociaciones que, de forma conjunta, han pedido amparo al Defensor del Pueblo.
“Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual [objetivo que evidentemente compartimos], la Ley Cifuentes aprovecha para imponer una determinada ideología, la ideología de género, como una visión propia y única sobre la persona, la familia y la sexualidad, sancionando a todos aquellos que no la compartan y suponiendo esto un grave atentando contra la libertad”. Es la queja principal de los autores del recurso, entre los que figuran asociaciones como Familia y Dignidad Humana, la Federación Europea ‘One of Us’ en defensa de la vida y la dignidad humana (integrada, entre otras organizaciones, por el Foro de la Familia o la Fundación Valores y Sociedad), la Federación Española de Asociaciones Provida, la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, la Asociación Custodia Compartida por Nuestros Hijos, la asociación Femidisidencia, la Asociación europea de abogados de familia o la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción.
A juicio de todas ellas, la Ley Cifuentes vulnera el derecho a la igualdad -al establecer un régimen especial de tutela institucional de las personas LGTBI que no existe para el resto de los ciudadanos y dotar al colectivo de financiación pública de forma absolutamente desproporcionada y discriminatoria respecto al resto de ONGS-; el derecho a la integridad física y moral y la protección de la salud -al prohibir las ‘terapias aversivas’ al margen de la libre voluntad o consentimiento de la persona que recurre a ellas y al prever acciones para “evitar la violencia en el ámbito familiar” que pueden llevar a sancionar a un progenitor que exprese ‘disconformidad, discrepancia o preocupación’ por la orientación, sexualidad e identidad de género autopercibida por su hijo-; el derecho a la libertad de expresión -al aplicar, de forma obligatoria, una estrategia educativa sobre los distintos modelos de familia y las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género-; el derecho a la presunción de inocencia -al invertir la carga de la prueba- y el derecho a la libertad ideológica y religiosa -al abrir la puerta a sancionar la mera discrepancia del lobby LGTBI o la emisión de opiniones sobre sexualidad diferentes a las propias del entorno ideológico de género-.
Una ley autonómica con aspiración nacional
La posible vulneración de todos estos derechos es el asunto principal sobre el que tendrá que pronunciarse el Defensor del Pueblo y, en otra instancia, el Tribunal Constitucional, en lo que será un referente de la jurisprudencia española en esta cuestión, dado que las leyes LGTBI, por ahora autonómicas, aspiran a conquistar el ámbito nacional. Así se desprende, por ejemplo, del punto 77 del pacto de investidura firmado entre Partido Popular y Ciudadanos, que recoge “el compromiso de mejorar la protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género, promoviendo la igualdad social del colectivo LGTBI, dispensando la protección efectiva a las víctimas de delitos de odio o tratos vejatorios, y recogiendo un mapa de recursos ofrecidos por los distintos niveles de la administración”.
FUENTE http://infovaticana.com/2016/11/08/lobby-gay-furioso-recurso-la-ley-lgtbi-cifuentes/
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