Silenciados. Cuando los maltratados son ellos
Un documental en torno a la violencia ejercida contra los hombres acaba de ver la luz a través de Internet y redes sociales, donde se pone de relieve con toda su crudeza una realidad social en España silenciada por la dictadura de la ideología de género, según la cual esta problemática, sencillamente, no existe.
Los autores del documental pretenden dar visibilidad a un problema silenciado que afecta a muchas más personas de las que parece a simple vista. Violencia física y psicológica, acusaciones falsas de violencia de género y corresponsabilidad parental forman parte del día a día de miles de españoles que deben sufrir sin que nadie les preste la menor atención.
Junto con un amplio grupo de profesionales entre los que se encuentran magistrados, abogados, psicólogos y estudiosos de la materia, miembros de las fuerzas del orden público, víctimas y colaboradores del mundo de la televisión, el cine, el teatro y la música, el documental pone sobre la mesa, también, las consecuencias de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 que ” vulnera derechos fundamentales y perjudica tanto a hombres como a mujeres”.
La violencia en el ámbito familiar está prevista en el Código Penal español, pero existe una poderosa corriente social que pretende reducir el término “violencia” a la que ejercen los hombres y padecen las mujeres, negando así cualquier opción a que la situación sea la opuesta. Contrario a todo principio de igualdad y de presunción de inocencia, así ha quedado reflejado en la actual Lay Integral contra la Violencia de Género.
Naturalmente esta situación conduce inexorablemente a una discriminación cada vez más aguda e insostenible, que no sólo no evita el maltrato sufrido ni por hombres ni por mujeres, sino que además genera una situación propicia para dotar a las mujeres maltratadoras de un arma nueva y muy poderosa contra los hombres: las denuncias falsas.
Puesto que la presunción de inocencia de un hombre acusado de malos tratos está cuanto menos muy en entredicho, una denuncia falsa provoca la detención del hombre, su puesta a disposición judicial y con frecuencia la prisión preventiva, con la única esperanza posible del sobreseimiento del caso, que llegará sólo en el mejor de los casos.
Pero la presión social a la que están sometidos los jueces es tan grande que la inocencia absoluta no asegura a los hombres la libre absolución en un caso en que no hay pruebas contra él, como debería obligar la presunción de inocencia que existe desde el Derecho Romano (“in dubio pro reo”) y que aparece en el artículo 24.2 de nuestra Constitución. De tal modo que una mujer puede maltratar al hombre con absoluta impunidad, amparada en el sistema judicial.
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